Expertos tributarios advierten que a futuro se podrían agravar los problemas de caja y desincentivar la formalización empresarial.
Mientras el Ministerio de Hacienda y la Dian avanzan en la delimitación y ajustes finales del decreto que busca ajustar las tarifas de autorretención en la fuente a título del impuesto de renta, en el país sigue el debate, así como las preocupaciones de los empresarios y el mercado en general, dado que más allá de ser un palo en la rueda para el crecimiento económico, también podría derivar en serios desafíos fiscales.
Dicho de forma simple, esta medida busca adelantar el recaudo fiscal como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para afrontar la crisis de liquidez que vive desde el año pasado, pero podría acarrear consecuencias indeseadas a mediano y largo plazo y dejar una bomba fiscal al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
Con el fin de ahondar en las implicaciones que traerá un cambio de estos, Portafolio consultó a expertos en asuntos tributarios, quienes señalaron que si se aplica esta norma, el aumento de saldos a devolver, la pérdida de incentivos para formalizarse, una caída de la inversión y un posible incumplimiento de las metas de recaudo; son algunos de los riesgos que se tendrían que enfrentar más adelante.
Camilo Calderón, asociado de Baker McKenzie, destaca que el impacto más significativo recae sobre el flujo de caja de las empresas y explica que esta medida puede restringir significativamente su liquidez, al obligarlas a adelantar recursos al fisco que, en condiciones normales, estarían destinados al capital de trabajo o a proyectos de inversión.
“La restricción de liquidez podría obligar a las compañías a recurrir a créditos de corto plazo para cumplir con sus obligaciones fiscales, incrementando los costos financieros y afectando su capacidad operativa”, indicó.
Entre tanto, Sofía Rodríguez, también socia de Baker McKenzie, puso sobre la mesa que para el sector extractivo, especialmente el de carbón, gas y petróleo, esta situación es particularmente grave, ya que estos sectores ya enfrentan presiones adicionales derivadas de medidas fiscales previas y el contexto de volatilidad en los precios internacionales.
“Aunque el objetivo principal parece ser asegurar mayor liquidez inmediata para financiar el presupuesto nacional,con una expectativa de recaudo cercana a $7,3 billones, su implementación traslada carga financiera al sector privado en un momento de presiones crecientes sobre las finanzas públicas», resaltó.
Cabe recordar que el decreto establece un incremento significativo en la autorretención para estos sectores, elevando la tarifa del 3,2% al 5,5% en el caso del carbón (un aumento del 72%) y del 5,6% al 7% en el petróleo. Aunque el Ministerio de Hacienda argumenta que la medida se basa en el contexto de reactivación económica que vive el país, los expertos alertan sobre los riesgos financieros que podrían derivarse de su implementación.
Informalidad y agro
Por su parte, Carolina Munar, abogada en Scola Abogados, resalta que además del sector extractivo, el agro también se vería impactado, afectando particularmente a los pequeños productores. En este sentido sostuvo que aunque las tarifas en el sector agropecuario siguen siendo moderadas, su aplicación podría reducir los márgenes de ganancia debido a la fluctuación de precios y la alta informalidad.
«Aunque el sector agropecuario mantiene tarifas moderadas, los cambios propuestos podrían reducir sus márgenes de ganancia, especialmente en un contexto de precios fluctuantes y márgenes ya ajustados, lo que también generaría afectaciones indirectas en su flujo de caja», acotó.
En cuanto al impacto sobre la inversión, Munar coincide con otros expertos en que esta política puede desincentivar el emprendimiento y la expansión empresarial, dado que “el aumento de tarifas genera incertidumbre y puede desincentivar la inversión debido a la percepción de mayor riesgo y la inestabilidad de las reglas tributarias».
Además de las industrias extractivas, el proyecto establece tarifas nuevas para cientos de actividades económicas, con tasas que oscilan entre el 0,55% y el 4,5%, dependiendo del sector. Esto llevará a que muchas empresas deban reorganizarse y si no se adaptan rápidamente, el gobierno podría enfrentar un incumplimiento de sus metas de recaudo, afectando la estabilidad fiscal y la percepción de riesgo país.
Desde la perspectiva de Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio de impuestos y servicios legales de Crowe Colombia, el impacto sobre la liquidez es el aspecto más crítico de la medida y en su opinión, estas modificaciones no responden a cambios estructurales en la rentabilidad o tributación efectiva de estos sectores, sino a una expectativa optimista que no refleja la realidad económica actual.
“Las autorretenciones implican anticipar pagos tributarios mensuales, que representan dinero que deja de estar disponible para capital de trabajo. En sectores como minería, energía y agroindustria, donde se prevén aumentos superiores al 100%, este impacto es especialmente grave”, explicó.
Estabilidad y confianza
Además, Arbeláez advierte que el aumento de las tarifas podría generar un incremento significativo en los saldos a favor, lo que eventualmente obligará a la Dian a realizar devoluciones masivas, generando presiones fiscales en los próximos años y recordó que los saldos a favor declarados tras el decreto anterior aumentaron de $25,6 billones en 2022 a $40,5 billones en 2023, una tendencia que podría repetirse si el nuevo ajuste entra en vigor.
Así mismo, en términos de seguridad jurídica, Arbeláez expresa que las constantes modificaciones tributarias generan desconfianza y afectan la estabilidad de las inversiones a largo plazo y que “la seguridad jurídica es esencial para promover la inversión privada, y estos cambios abruptos pueden deteriorar la confianza inversionista».
De esta forma queda claro que si bien el decreto de autorretención propuesto por la Dian podría resolver temporalmente la falta de liquidez del Estado, esto sería a costa de trasladar el problema al sector privado, que deberá enfrentar mayores costos financieros, reducción de liquidez y posibles retrocesos en la formalización empresarial.
Mientras la norma sigue en construcción, estos expertos coinciden en que, si bien el objetivo del Gobierno es fortalecer el flujo de ingresos, los efectos secundarios podrían contradecir esta intención, afectando a sectores clave de la economía colombiana.
Fuente: Noticias Caracol